Gracias a los artículos 32 y 33 de la ley, sería posible encarcelar a medios por publicar anuncios que cayeran en los supuestos de trata. Cabe destacar que esta iniciativa no era original de Rosi Orozco. Durante 2010 se dio el fenómeno en España, y hubo gran presión por parte de grupos tanto defensores de los derechos humanos como conservadores y moralistas. El reflejo de este fenómeno se dio durante 2011 en México:

Esta acción trajo consigo dudas bastante razonables:

La medida, -que mereció el apoyo unánime de funcionarios, legisladores y representantes de variopintas organizaciones- es el más reciente capítulo de un tema que, si bien milenario, se ha venido desarrollando con interés en México durante los últimos meses: la prostitución y la trata de personas con este fin.

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Y es que el dinero es un importante factor en esto. Mucho dinero. Se calcula que los diarios españoles El País y El Mundo publican entre 600 y 700 anuncios diarios cada uno; El Universal llenaba planas enteras, Reforma maneja un promedio de 50 insertos actualmente, aunque antes de la aprobación de las modificaciones a la ley de trata –Y al escándalo promovido por Televisa- publicaba fácilmente 4 veces más.

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La discusión alrededor de los anuncios de servicios sexuales en medios de comunicación, y su relación con el delito de trata de personas tiene características ambiguas. Por un lado, nadie en su sano juicio cuestionaría cualquier acción destinada a abatir el azote de la trata, considerado como moderna esclavitud que equipara su importancia a nivel mundial con el comercio ilícito de drogas o armas. De esta modalidad delictiva, la que tiene como fin la explotación sexual, y más aún contra menores de edad, es deleznable en grado sumo.

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Lo anterior explica por qué la reforma a la ley del año pasado, que en la práctica criminaliza la sola publicación de anuncios de servicios sexuales, pasara sin mayor discusión por las dos cámaras legislativas. Sólo alguna intervención en tribuna y un par de artículos periodísticos se atrevieron a exponer un hecho que de otra forma pasaría desapercibido: la reforma en cuestión más que criminalizar la trata (la cual está ya debidamente tipificada) criminaliza a la prostitución o sexoservicio, actividad que en México no está prohibida.  Y más aún, algunos opinan que dicha reforma, lejos de abatir la trata de personas, podría promoverla.

Fuente: Abel Vicencio, ¿Se trata de trata? Animal Político, 21/sep/2011.

Y no sólo eso. También hubo otras personas que, a lo lejos, emitieron su opinión incluso antes:

En el artículo anterior se menciona:

Cárcel a quien publique anuncios relacionados con comercio sexual

La Jornada, 16 de marzo 2011

Los propietarios de periódicos, revistas y medios de comunicación electrónica que publiquen anuncios relacionados con la explotación y el comercio sexual purgarán condenas de cárcel sin derecho a fianza. La reforma a la ley para prevenir y sancionar la trata de personas prevé penas de 27 años de cárcel para los responsables de la contratación de anuncios sexuales. Por mayoría de 401 votos y seis abstenciones, el pleno camaral coincidió en establecer un freno a la publicidad que se difunde incluso en diarios de circulación nacional y en las principales televisoras, donde se pretende contratar a víctimas potenciales del comercio sexual.

Aquí va un comentario de un grupo que lucha por los derechos de las personas que venden sexo en México,

Prohibición de anuncios sexuales incrementará el trabajo sexual callejero

Jaime Montejo, Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 22 marzo 2011, México DF

* El espíritu humanista del decreto choca con la realidad mexicana.
* Clandestiniza la oferta de sexo comercial y la pone en manos de explotadores sexuales.
* Institucionaliza la trata sexual, a la cuál dice combatir.

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Qué curioso, que una propuesta abolicionista, esa de prohibir los anuncios de contactos sexuales, facilite y promueva la trata de personas con fines de explotación sexual; así como lo hacen los operativos anti trata del gobierno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ DF), o de la PGR que terminan haciendo más clandestino el trabajo sexual, sea éste esclavo, servil, asalariado o no asalariado. Decreto y operativos policíacos que dejan en pocas manos y bien gandallas por cierto a quienes trabajan hasta hace poco por su cuenta, que ahora tendrán que vérselas con las y los impulsores de dicha iniciativa legislativa, trátese de diputadas, senadores, delegados (como Agustín Torres de Cuauhtémoc), presidentes municipales, fiscales de delitos sexuales o de fiscalías especiales anti trata sexual y jefes policíacos, para poder trabajar como en los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que perseguía a guerrilleros, luchadores sociales y trabajadoras-es sexuales, con saña y odio extremo.

Fuente: The Naked Anthropologist, 25/mar/2011

Pero como todo en la clase política de este país, las leyes se hacen para sacarles raja a nivel personal. Ya si benefician al pueblo, bien, y si perjudican, ni modo.